Amnistía Internacional en su informe de 2020 mencionó que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, especialmente los que trabajan en temasambientales, indígenas y LGTBIQ+.
En su informe del año 2022 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras registró al menos 173 denuncias sobre agresiones contra personas defensoras, 53 de las agresiones fueron contra organizaciones sociales, medios de comunicación y otros colectivos, destacando que tres de cada cuatro ataques fueron contra quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente; en dichas agresiones se perpetraron doce asesinatos, diez intentos de asesinato y diez agresiones físicas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las observaciones preliminares de su visita in loco a Honduras en abril de 2023, señaló que la violencia es un fenómeno estructural que afecta de manera profunda a nuestro país, aunque la tasa de homicidios es la más baja en 16 años, no obstante, Honduras continúa siendo el país más violento de Centroamérica y el tercero más inseguro de la región. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 88% de la población considera que el país seguirá siendo violento e inseguro en los próximos años.
En medio de tan trágica realidad, debemos reconocer que nuestra historia ha estado acompañada de una gran dificultad para crear y fortalecer procesos de articulación regional y nacional entre las organizaciones sociales y de derechos humanos. Igualmente, somos conscientes de la necesidad de fortalecer capacidades técnicas y metodológicas para recabar, sistematizar y difundir la situación de derechos humanos a nivel regional, nacional e internacional, de manera seria, responsable, rigurosa, sistemática y articulada.
En un esfuerzo conjunto por buscar alternativas, desde octubre de 2014, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos comenzamos a reunirnos para reflexionar, discutir y avanzar en un proceso que hemos denominado Banco de Datos sobre Violaciones de Derechos Humanos y Violencia Política en Honduras, una herramienta política que permite recopilar, sistematizar, analizar y difundir información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales, basada en fuentes primarias y secundarias confiables y verificables, aplicando criterios internacionales de clasificación y tipificación de los hechos, garantizando la protección y el consentimiento de las víctimas y los testigos y reivindicando las acciones de resistencia de las comunidades victimizadas, a través de la producción de informes periódicos, accesibles
para el público y que finalmente contribuirá a la lucha por exigencia de justicia, reparación a las víctimas, prevención de la impunidad, la no repetición de los hechos y principalmente fortalecer la memoria histórica desde las voces de las víctimas.
Hoy 6 diciembre de 2023, tras asistir a decenas de encuentros con campesinos/as, pueblos indígenas, abogados/ as solidarios, periodistas alternativos, organizaciones de mujeres, organizaciones defensoras de los derechos LGTBIQ+ y defensores/as de derechos humanos, en diversos lugares del país, nos hemos congregado para compartir una primera publicación elaborada con el aporte de las organizaciones que integramos este espacio y de los valientes hondureños que deciden seguir alzando la voz como un aporte al avance en la defensa de los derechos humanos en Honduras.
El documento presenta un panorama de la histórica y sistemática crisis de derechos humanos en Honduras, específicamente entre 2005 y 2023 mostrando casos concretos de agresión en tres regiones específicas: El Sur, El Aguán y La Paz. Recoge las estrategias de criminalización implementadas, así como unos retos para el movimiento social y las mayorías hondureñas. Finalmente, ofrece las voces de diversos organismos y organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.
Presentamos esta sencilla publicación, esperando que se convierta en un aporte a la lucha por la construcción de la democracia en nuestro país.
No obstante, somos conscientes de que nuestra iniciativa requiere de una participación amplia de diversos sectores sociales, igualmente comprometidos para que junto a la iniciativa del Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política contribuyamos a la creación de una Honduras más justa, equitativa, participativa y solidaria.
Y por eso, nos preguntamos: ¿seremos capaces de relativizar las pequeñas dificultades que hemos tenido y de poner todas nuestras virtudes al servicio de un proyecto de memoria y de defensa de los derechos de las víctimas? ¿o seremos inferiores al momento histórico que nos ha tocado vivir en Honduras?